Mascarillas españolas: una industria floreciente con fecha de caducidad

Por: Vozpopuli

Los fabricantes nacionales piden al Gobierno más protección frente a las mascarillas importadas de China, que en muchos casos se producen sin respetar los derechos humanos.

Empresarios de distintas partes de España, con el negocio a medio gas, decidieron en plena pandemia de la covid-19 adaptar sus fábricas para producir mascarillas, batas y equipos de protección individual (EPI). Un año más tarde han creado su propia patronal para defender sus derechos, aunque miran al futuro con la duda de cuánto más durará la pandemia.

 

«Algunos de nosotros trabajábamos en el sector inmobiliario, otros se dedicaban a la impresión o a fabricar almohadas, casi todos tenemos un perfil de empresa familiar y a lo mejor por nuestro tamaño hemos sido más capaces de reconvertirnos», explica a Vozpópuli Francisco Sánchez, presidente de la Asociación Española de Mascarillas, Batas y EPI.

 

Entre todos los asociados, acumulan una facturación anual de entre 60 y 80 millones de euros, fabrican mensualmente unos 140 millones de mascarillas -quirúrgicas y FFP2- y han creado 550 empleos nuevos.

 

Cuando emprendieron este nuevo reto, la Agencia Española del Medicamento les dio unas licencias temporales para unos cuatro meses y, cumplido ese plazo, fueron sometidas a inspecciones exhaustivas para poder fabricar material sanitario a largo plazo cumpliendo con los protocolos.

 

Ahora, están autorizados para fabricar material con las reglas de calidad europeas, pero una de sus principales preocupaciones es la amenaza para su negocio que supone la importaciones de mascarillas más baratas de países asiáticos.

 

 

Proteccionismo ante la ‘amenaza’ oriental

 

«Nuestro miedo principal es luchar contra una importación a unos precios a los que es imposible fabricar en Europa. Lo que pretendemos es que se someta al mismo control al producto que viene de fuera que al que se hace aquí, para que tengamos la garantía de que todo lo que se venda es de calidad. Porque ha habido situaciones en las que se han retirado mascarillas porque tenían un certificado falso, porque no tenían la filtración adecuada o porque tenían grafeno«, argumenta.

 

Por ello, piden más protección al Gobierno, y que a la hora de importar se tenga en cuenta no sólo el precio sino también las condiciones de producción del mercado de origen.

 

«Hay que valorar si la mascarilla viene contaminando (la huella de carbono de su transporte en avión o barco), si se están respetando los derechos laborales en su producción, porque se nos llena la boca hablando de Responsabilidad Social Corporativa pero luego no todo el mundo la respeta. Habría que ver si el fabricante está haciendo un esfuerzo por integrar a personas con discapacidad, o por fabricar con materiales no contaminantes», ejemplifica Sánchez.