La estabilización del stock de EPIs

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Manuel Pastor, vocal de OESP.

A raíz de la crisis derivada de la pandemia, muchos de nuestros sanitarios se quedaron sin material básico para enfrentarse a la Covid-19 en el ejercicio de sus labores diarias. Bolsas de plástico o materiales no homologados fueron los protagonistas encargados de proteger al personal en hospitales. Técnicos y personal sanitario de emergencias de la Comunidad de Madrid llegaron incluso a denunciar que el material que recibían venía sin sello de homologación de la Unión Europea y, además, eran de muy baja calidad.
Ante tal desabastecimiento y la imposibilidad de mantener esa situación que ponía en peligro incluso a sanitarios, fueron diversas las empresas que comenzaron a producir equipos de protección, formando así un nuevo tejido empresarial, y, otras, realizaron donaciones del stock que tenían de material sanitario a los hospitales nacionales.

En concreto, los EPIs tuvieron una gran importancia a la hora de plantear cómo iba a ser la desescalada inicial. La propia Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) hizo pública su Propuesta de medidas y cuestiones a considerar para la fase de transición de la pandemia por SARS-CoV-2 en España, en la que planteaban la disponibilidad de equipos de protección individual “no solo como una exigencia, sino también como un indicador crítico en la evaluación de la fase de recuperación de la pandemia”.

 

La previsión en los stocks, así como mantener a las plantillas de sanitarios formados en cuanto a cómo usar cada equipo son necesidades que se han descubierto desde que llegó la pandemia, pero que han sido muy útiles para la creación de programas, además de en la toma de decisiones posteriores en estos ámbitos.

 

Actualmente, la mayoría de las comunidades se encuentran en un momento estable en cuanto al stock de EPIs. La Comunidad de Madrid es la que cuenta con una mayor reserva, llegado a los 175 millones de equipos de protección individual. En segundo lugar, Cataluña dispone de 113 millones. En 2020, esta comunidad adquirió 270 millones de unidades de EPIs para tratar de frenar los contagios en los profesionales que estaban en contacto de forma diaria y constante con el virus. (1)

 

Sin embargo, la gran mayoría del stock con el que cuentan las comunidades autónomas y el ministerio de sanidad, cuyas adquisiciones ha canalizado a través de INGESA, no procede de las fábricas españolas que han invertido para abastecer esta reciente necesidad, sino que se trata de producto de importación, derivado principalmente del continente asiático.

 

Esta situación, generada por el establecimiento del precio como único factor decisorio en la compra de material, está provocando no sólo la destrucción de la inversión y el empleo generado por los empresarios que hace un año decidieron invertir en una industria necesaria para la protección de los sanitarios y la población general, sino también una sensación de falsa seguridad puesto que se han detectado centenares de casos de mascarillas procedentes de dicho continente que no cumplen las especificaciones requeridas.

 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, en el componente 18 sobre renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, recoge las inversiones que se van a realizar para conseguir un aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias. En cuanto al aumento de capacidad del laboratorio de ensayo de Equipos de Protección Individual (EPI) del Centro Nacional de Medios de Protección, el desglose económico alcanza los 3.880.000 euros, según queda recogido en el Plan. Además, queda explicado que se trabajará en la certificación de EPIs de acuerdo con los estándares europeos y a los requisitos de la Entidad Nacional de Acreditación española.

 

Esta búsqueda por la homologación y cumplimiento de las certificaciones sobre el material sanitario pone de manifiesto cómo los objetivos de la Asociación de fabricantes de mascarillas, batas y EPIs, OESP, también son preocupaciones generalizadas. Garantizar que los profesionales que se encuentran combatiendo el virus en primera línea estén protegidos adecuadamente, se traduce en una disminución de contagios y en una mayor seguridad en el ámbito laboral.

 

Además, existe la necesidad de proteger esta industria nacional antes de que se extinga y los competidores que producen sin las certificaciones necesarias ganen terreno. De esta manera, podremos asegurar el ser autosuficientes dentro de nuestras fronteras.